La sanidad pública no se vende...

...se defiende. Y para ello se ha organizado una mesa redonda "En defensa de la sanidad pública", el jueves 28 de febrero, a las 19:00 horas, en el Centro Cívico "Teodoro Sánchez Punter", de Zaragoza (Plaza Mayor de San José). Además de representantes de otros colectivos, participará Patricia Luquin, Diputada de IU y Portavoz en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

La sanidad pública no se vende, se defiende

Estamos asistiendo a la demolición de nuestro sistema público de salud, acreditado como uno de los más eficaces, con un gasto muy razonable, para dar paso a otro modelo caro y de baja calidad asistencial basado en el aseguramiento privado, en los copagos y en la beneficencia para los que no puedan financiarlo.

En Aragón, la reducción del presupuesto sanitario per cápita en tres años ha sido de un 25% en términos reales. Este recorte tiene como consecuencia el crecimiento de las listas de espera, despidos, cierre de centros y el empeoramiento de la atención sanitaria. Todo ello con vistas a la creación de un sistema que responda a intereses privados y negocios sanitarios.

Las entidades que trabajamos para mejorar y defender la sanidad pública tenemos alternativas. ¡Acude a debatir sobre ellas!

LOMCE (IV): El talento de segregar

Cuarta entrega de la serie que sobre la LOMCE de "Wertgüenza" ha escrito Enrique Díez Gutiérrez, profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU.

La LOMCE es una ley profundamente clasista y segregadora. Sorprende la nula relevancia que se da a la función de cohesión e integración social de la educación, especialmente importante en el caso de la educación básica, así como que no se incluya como objetivo prioritario el éxito educativo de todos los estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, romper el actual tronco común en la escolaridad básica, común y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.

Parte de algo consabido, todo el mundo tiene talentos, pero especifica que éstos son de distinto tipo. Cuando lo concreta parece que unos tienen talento para el éxito escolar –que son los que irían a los itinerarios académicos en secundaria- y otros lo tienen para el trabajo manual –los destinados a la formación profesional o a los programas de formación profesional básica-. Cierto que no se puede tratar igual a los que son diferentes. Pero ese principio no debe estar orientado a excluir a las personas con mayores dificultades, sino a poner los medios necesarios para poder integrarlas.

El término “talento”, infrecuente en la literatura pedagógica contemporánea, recuperado de la terminología bíblica para utilizarlo en esta Ley se orienta en un sentido innato y selectivo que es contrario al principio y la orientación básica de la pedagogía y la psicología actual: toda persona tiene capacidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida. Es un profundo error científico seguir creyendo en el siglo XXI que se nace con talento o no, o unos con un talento muy reducido y otros con un talento extraordinario, y que la educación no puede cambiar ese hecho, sólo colocar a cada quien en el carril correspondiente al talento que le ha tocado. Unos en el carril de los estudios de excelencia y otros en el carril de la formación para el trabajo. Este prejuicio sin fundamento es el que ha asentado, hasta épocas recientes, que a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. No podemos volver a prejuicios ya superados sobre el modelo de los supuestos “talentos” que considera la inteligencia como algo innato e inamovible y que hay que clasificar a los sujetos para dar a cada uno una vía diferente según el juicio que se determina en edades tempranas. Esto fue lo que llevó a determinar a temprana edad que Albert Einstein no tenía talento y era un fracaso escolar. Lo que la escuela debe contribuir es a desarrollar la capacidad de apasionarse por el aprendizaje de todos los jóvenes. Esto sólo es posible a través de un proceso de aprendizaje motivador que facilite realmente que todos los jóvenes puedan desarrollar su inteligencia hasta el máximo de sus potencialidades.

Los itinerarios que plantea esta reforma son la vía para seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolo del tronco común en educación. Itinerarios que son una restauración de la LOCE de Aznar y que no conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, como se pretende hacernos creer, sino a eliminar progresivamente la igualdad de oportunidades y la formación común durante la etapa obligatoria.

Los datos internacionales confirman sistemáticamente que los países con buenas puntuaciones en PISA, como los países nórdicos, poseen también un alto grado de comprensividad (es decir, sin vías selectivas y diferenciadoras en la enseñanza secundaria obligatoria). Es más, los países que segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. La mayor parte de Europa eligió el camino contrario hace años no sólo porque el otro era injusto, pues sobra evidencia de que condena al alumnado de familias en desventaja, sino porque era ineficaz, pues privaba a la sociedad de una reserva de talento. El informe del 2012 de la OCDE titulado Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, muestra cómo la equidad y los buenos resultados académicos van de la mano.

La LOMCE implanta de hecho diferentes itinerarios desde casi el comienzo de la ESO. Con el denominado eufemísticamente Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º de la ESO, es decir desde los 13 años, agrupando al alumnado que haya repetido al menos un curso y quienes tienen dificultades, ofreciéndoles un currículo devaluado, algo que hará muy difícil incorporarse a 4º de ESO desde este programa y superar posteriormente la reválida para obtener el título de ESO. Por lo que parece buscarse que este programa acabe siendo la “vía natural” hacia la nueva Formación Profesional Básica, otro segundo itinerario.

La Formación Profesional Básica (FPB) sustituye a los actuales PCPIs (Programas de Cualificación Profesional Inicial). Mientras que los PCPIs estaban dirigidos a dar una oportunidad al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar al final de la escolarización obligatoria (mayores de 16 años) y conducían a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, la FPB se adelanta a partir de segundo curso de la ESO, a los 15 años, si se ha repetido. No da acceso directo a la Formación Profesional de grado medio y, aunque contempla en el 2º borrador la posibilidad de adquirir el título de Graduado, no propone medidas adecuadas para que esa posibilidad pueda hacerse realidad, algo que condena de hecho a este alumnado a la marginación social, pues no le permite continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral con una mínima titulación básica. Además no sería una opción muy excepcional (como los PCPI) sino una vía ancha para conducir de forma masiva hacia la FPB a un alumnado muy joven. Esta filosofía segregadora del PP se traslucía muy claramente en el primer redactado del anteproyecto en donde se proponía empujar a estos programas a los que tuvieran una “situación socioeconómica desfavorable”, equiparando pobreza y poca capacidad para el estudio.

La separación tajante de cuarto de ESO en dos vías, la de enseñanzas académicas, que conducirá al Bachillerato, y la de enseñanzas aplicadas, que conducirá a la Formación Profesional, continuará con la diferenciación temprana del alumnado. De hecho se adelanta la vía hacia la formación profesional a 3º de ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén "bien diferenciados", derivando cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría. Impidiendo además que se pueda pasar de una opción a otra.

Estos itinerarios suponen una segregación clasista, un ataque directo a la compensación de las desigualdades de origen. Cuanto antes se segrega más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y niñas y adolescentes. Por ello la filosofía de este modelo educativo del PP apunta claramente a generar más desigualdades y favorecer una sociedad aún más clasista que la existente.

Enrique Díez Gutiérrez es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU.

Sumando para el cambio

Os acompaño la "carta" virtual que nos ha enviado Pablo a todos aquellos que rubricamos su petición de dimisión de la cúpula del Partido Popular, formulada a través de Change.org. Son pequeños pasos, pero que todos sumados (apoyo a ILP anti-desahucios, rebaja de las tasas judiciales) nos sirven para ver que movilizarse tiene sentido y ayuda a cambiar las cosas.

¡Hola Jesús!

Soy Pablo, el creador de la petición que ha reunido más de un millón de firmas pidiendo la dimisión de la cúpula del Partido Popular. Muchas gracias por apoyarla.

Con cada firma, un correo electrónico se enviaba automáticamente al Partido Popular, por lo que sus dirigentes hace tiempo que saben de tu exigencia. Sin embargo, durante los últimos días varios miembros del partido en el Gobierno han puesto en duda la validez de tu firma.

Parece que aún no eran conscientes de que este movimiento cívico que estamos construyendo en pro de la transparencia y contra la corrupción es muy real. Por eso, hoy he acudido a la sede central del Partido, en Génova 13 para hacer entrega simbólica de todas vuestras firmas.

He ido como un ciudadano más, en mi condición de joven en prácticas, y acompañado de un médico, una profesora, un bombero y un estudiante, colectivos especialmente afectados por las políticas del Gobierno. Nuestro fin era actuar como emisarios de tu indignación, ser el altavoz de ese millón de voces que hasta el momento resonaban mudas. Y en el PP no han tenido más remedio que recibirnos y aceptar el sobre para que quedase constancia de ese clamor.

Siento haberos hecho esperar: lamento que algunos perdierais la ilusión y llegarais a pensar que no las íbamos a entregar en persona. Os pido a todos perdón por la tardanza, pero realmente organizar estas cosas es más complicado de lo que parece cuando muchos tenemos trabajos precarios que ocupan la mayor parte del día. Y, no te lo voy a negar, ¡superasteis mis expectativas! ¡Un millón de firmas en una semana!

Ahora es el momento de que tú actúes para demostrar que eres algo más que una firma. Es el momento de que salgas a la calle para decirle bien claro al Gobierno lo que piensas. Este sábado 23, cientos de miles de personas (médicos, profesores, funcionarios, parados, estudiantes...) se manifestarán por toda España formando una gran marea ciudadana para reclamar democracia, libertad, justicia y respeto a los derechos sociales. Haz clic aquí para saber cuál es la manifestación más cercana.

Y para complementar este hito, he pensado en lanzar hoy un HT en Twitter: #SomosMásDe1Millón. Haz clic aquí si quieres para enviar un tuit de forma automática.

Gracias por unirte a esta ola de cambio y recuerda: Vosotros sois el rescate que estábamos esperando.

Pablo Gallego

Un sábado de Mareas

La Marea, el periódico mensual con vocación de convertirse en semanal de MásPúblico, aprovecha la salida de su próximo número para presentarse en Zaragoza. El sábado 23 de febrero a las 13 horas nos esperan en La Pantera Rossa. MásPúblico es una cooperativa periodística fundada íntegramente por ex trabajadores de la edición en papel del diario Público.

”El dinero que se esfuma” es el titular de la portada de la tercera edición del mensual La Marea, que analiza la sangría que supone la evasión de impuestos, así como los paraísos fiscales que amparan este fraude gigantesco. Paraísos fiscales que no sólo están en Suiza o en las Islas Caimán; también dentro de España existen fórmulas para hurtar a Hacienda el pago de impuestos, como las famosas SICAV, una fórmula utilizada, por ejemplo, por varios miembros de la familia Borbón. Incluye también reportajes sobre la frustrada primavera marroquí, el feudo neonazi en Berlín y los juicios a la dictadura argentina.  El mensual dedica a su vez cuatro páginas a Andalucía, con una entrevista al Presidente de esta Comunidad, José Antonio Griñán, y un amplio reportaje  sobre la finca ocupada de Somontes, en Córdoba, donde 17 jornaleros están plantando cara al mito del andaluz que vive de los subsidios.

Marea Ciudadana 23F Zaragoza

Casi 50 colectivos representativos del tejido social, vecinal, sindical y político zaragozano se han adherido formalmente a las acciones que la Marea Ciudadana 15M realizará este sábado 23F en Zaragoza, para rechazar frontalmente los recortes perpetrados por los sucesivos gobiernos en los derechos sociales y laborales de toda la ciudadanía. Esta Marea Ciudadana promueve una gran movilización en Zaragoza para el 23 de febrero, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la plaza del Pilar. Además, desde la capital aragonesa se están fletando autobuses para acudir a la gran movilización que tendrá lugar en Madrid .

Jornadas sobre el Sahara Occidental

El próximo 27 de febrero se cumplen 37 años de la proclamación de la 
independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

Con ocasión de este aniversario, desde el Observatorio 
aragonés para el Sahara Occidental, bajo el título "Sahara Occidental: 
actualidad y derechos humanos en la última colonia española", se 
organizan unas jornadas públicas destinadas a dar a conocer la 
situación actual del último conflicto colonial pendiente de resolver en 
Africa.

La fecha de celebración del acto coincide con el proceso de negociación 
de un nuevo acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea y en el 
que pueden volver a incluirse, ilegítimamente, las aguas del Sahara 
Occidental, lo que perpetuaría de esa manera el expolio de sus recursos 
naturales. La Unión Europea y España siguen considerando a Marruecos un 
socio privilegiado a pesar de la estructural violación de derechos 
humanos en el Sahara Occidental, de la que el juicio militar a 25 
activistas saharauis de derechos humanos, acusados de participar en los 
sucesos relacionados con desmantelamiento del campamento Gdeim Izyk, es 
sólo un ejemplo. Sin embargo, los medios de comunicación no prestan la 
atención necesaria a este conflicto, llegando al apagón informativo 
respecto a las denuncias de la población saharaui. La inquietante ola de 
inestabilidad en la región del Sahel -complicada con la intervención de 
Francia- demuestra que la ya radical desestructuración de la zona debe 
ser suplida con una nueva racionalización geopolítica que pasa -entre 
otras cosas- por solventar el contencioso de descolonización del Sahara 
Occidental.

Para tratar de todos estos temas, contaremos con la presencia y 
participación de reconocidos expertos, juristas y periodistas, así como 
del representante para España de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD).

Las jornadas contarán con la colaboración de la Asociación de 
Inmigrantes de Saharauis de Aragón (AISA) que, en la mañana del sábado, 
organizarán una actuación de música tradicional saharaui, así como una 
exposición fotográfica.

Por último, estas jornadas quieren servir de reconocimiento a D. Ricardo 
Vazquez-Prada Oñoro, figura histórica de la solidaridad aragonesa con el 
pueblo saharaui, a quien se rendirá un homenaje la tarde del viernes 23 
de febrero con la intervención de su familia.

Bolivia y la soberanía popular

Parece que estos días Rajoy, Margallo y Montoro han encontrado a los culpables de la crisis en España: los actores que no pagan impuestos y el Gobierno de Bolivia que nacionaliza "inamistosamente" empresas "españolas". Lo de los actores es una vendetta ante el compromiso social de las gentes de la cultura y lo de Bolivia incide en la búsqueda de un enemigo exterior al que culpar de los males de la patria. Os acompaño un interesante artículo de Erika González sobre el caso boliviano, publicado en La Marea.

La nacionalización de la filial de Abertis y Aena en Bolivia: un avance hacia la soberanía

El Gobierno boliviano decretó el lunes la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), filial de Abertis y Aena, que gestionaba los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El Gobierno de Bolivia justifica la expropiación porque las empresas españolas han incumplido el contrato en términos de ausencia de inversión para el correcto mantenimiento de las instalaciones.

Las acusaciones a la filial de la transnacional española Abertis vienen de lejos. Ya en 2008 el gobierno de Bolivia investigó a esta multinacional para comprobar si cumplía con las inversiones contempladas en el contrato. Además, en 2009 los trabajadores de la empresa se movilizaron y denunciaron el incumplimiento de la ley del trabajo vigente en el país andino. Las quejas continuaron, tanto por aspectos laborales como por irregularidades cometidas por la empresa. Así, en 2011, tres trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir un aumento salarial equiparable al aumento de las nóminas de la gerencia y solicitaron que la Contraloría General del Estado boliviana investigara cobros irregulares de la filial de Abertis y Aena.

Una vez más, vemos cómo una transnacional española es nacionalizada en Bolivia tras haber recibido denuncias por sus impactos sociales, laborales o ambientales, consecuencia de una gestión orientada exclusivamente al lucro. Es lo que ocurrió en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos que afectaba a Repsol, en 2011 con las pensiones que gestionaba el BBVA en oligopolio, en 2012 con el transporte de electricidad que operaba la transnacional REE y, ese mismo año, con las filiales de Iberdrola en el país andino.

Y a pesar de que el Gobierno español y los grandes medios de comunicación plantean el cronograma de expropiaciones de las empresas como una sucesión de agresiones a España, estas decisiones son, en realidad, la mera materialización de la soberanía de un país como Bolivia. Las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre esta nacionalización, calificándola como un “acto inamistoso” que obliga a “replantear las relaciones bilaterales”, hay que interpretarlas desde la determinación del Gobierno español —tanto del actual como los anteriores— de anteponer los intereses privados de una pequeña élite sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la población.

En este sentido, las alusiones del Gobierno español y de las corporaciones transnacionales a la seguridad jurídica no tienen ninguna justificación. En primer lugar, porque la nacionalización de los sectores estratégicos para la economía del país está contemplada en la Constitución de Bolivia. El avance de las políticas que garantizan la gestión estatal de sectores como el eléctrico, las pensiones y el transporte, por tanto, constituye un primer paso fundamental para que estos servicios dejen de tener como prioridad el máximo beneficio para sus propietarios y pasen a funcionar con otra lógica, la del servicio público.

Pero es que, además, las empresas españolas que han tenido actividad en Bolivia, en su afán de obtener grandes ganancias, han vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de gran parte de la población y han deteriorado el medio ambiente. Es decir, que no sólo no han sido “agentes de desarrollo”, sino que puede afirmarse que han contribuido a deteriorar la calidad de vida de muchos bolivianos y bolivianas. De ahí que el fortalecimiento del Estado, tanto en su actividad económica como en las labores de supervisión, rendición de cuentas y evaluación, resulte imprescindible para poder avanzar hacia la verdadera seguridad jurídica, la que sitúa los derechos de las mayorías sociales por encima de los intereses privados de una minoría.

Estas políticas, vistas desde un contexto como el que tenemos en el Estado español, donde se está dando el proceso exactamente a la inversa —se nacionalizan los bancos y cajas con pérdidas para luego sanearlos con dinero público y, finalmente, venderlos a un precio muy bajo a las grandes entidades financieras—, representan una buena referencia del camino a seguir. De hecho, son reivindicaciones básicas que deberían servir como modelo a seguir por los movimientos sociales para construir, entre todos y todas, otros modelos de economía y sociedad que no estén subordinados a la lógica del capital transnacional.

Erika González es Investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y autora de Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio (Icaria, 2010).

LOMCE (III): Adoctrinamiento sin valores

Una nueva entrega de la serie "LOMCE de Wertgüenza", a cargo de Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU.

La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, acusándola de adoctrinar ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión en la escuela y la financiación de los centros católicos a través del régimen de conciertos, conservando las disposiciones adicional 2ª y 3ª de la LOE, que potenciaban la religión en la escuela pública y otorgaban relevancia profesional al papel de las personas designadas por los obispos católicos.

Es más, en clara concesión a la jerarquía católica, que viene reclamando la existencia de una alternativa evaluable a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de esas clases de adoctrinamiento, esta ley obliga a que todo el alumnado tenga que cursar Religión Católica o Valores Culturales y Sociales como alternativa evaluable, volviendo a la LOCE del Gobierno Aznar en 2002. Dado que la nota de estas asignaturas contará para repetir curso las familias volverán a elegir la religión católica, donde tienen buena nota asegurada, como nos dicen las estadísticas.

Se extiende el adoctrinamiento incluso hasta Bachillerato , pues entre las asignaturas específicas de las que se debe cursar un mínimo de 2, aparece la Religión, por encima incluso del nivel de la Lengua Cooficial y Literatura que queda como asignatura de “especialidad”. Es más, desaparece la asignatura de Ética Cívica de 4º de la ESO, es decir la única asignatura que en Secundaria servía para enseñar la reflexión ética sin moral religiosa. A cambio establece que “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas” en la ESO. Una “educación cívica” que, ya sabemos, incluirá temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor, la defensa de la propiedad intelectual, la alusión constante a la simbología del Estado Nacional, o cuestiones especialmente controvertidas, como la moralidad humana y el respeto a la vida ligadas a los postulados de la iglesia católica. La misma intencionalidad hace que desparezca la asignatura común para todas las modalidades de Bachillerato, Ciencias para el Mundo contemporáneo, ya que en ella parecen enfrentadas la opinión científica y la católica, tanto en la compresión del mundo como en la toma de algunas decisiones personales.

Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos, estableciendo que no es discriminatorio que los centros segreguen a su alumnado por esta razón, incumpliendo así la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Esto es una concesión a la presión de un sector de la iglesia católica más conservadora que separa al alumnado por sexos en función de sus prejuicios morales y religiosos que transmiten en la educación. Esta ley consagra que se financie con los impuestos de toda la ciudadanía este sistema de segregación anticonstitucional y contrario a los derechos humanos.

Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina en su Título II que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad. En este redactado subyace una clara intención de pasar por alto, invisibilizar u ocultar la presencia de todas las alumnas, las maestras, las profesoras, las directoras, las madres, las técnicas y todas las mujeres que se encuadran dentro de la comunidad escolar y que precisamente en este ámbito son mayoritarias.

Es una ley que también quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos para impartir docencia.

Por eso, en el contexto de este modelo, no sorprende ya que incluso se modifiquen los criterios para la admisión del alumnado, incluyendo el rendimiento académico –en centros de especialización curricular- con hasta un 20% de la puntuación. Los centros podrán, con esta modificación, seleccionar claramente a su alumnado. A esto hay que añadir aún que, con la “especialización” y la introducción de “aspectos específicos” para la definición del “carácter singular del centro”, podrán seleccionar todavía más al alumnado. Esto es otra concesión y cobertura legal a los sistemas de selección encubierta que venían haciendo desde la escuela concertada que ya podrá hacerlo explícitamente y sin tapujos. En poco tiempo los datos nos confirmarán que se habrá avanzado en la discriminación hacia el alumnado inmigrante y de minorías que si ahora sólo un 20% es admitido en estos centros concertados, estando el 80% restante en la pública, prácticamente desaparecerá con las herramientas que les facilita esta ley.

Si a esto le añadimos la zona única de escolarización que el PP está creando en todas las Comunidades Autónomas, donde se facilita que las familias con recursos y medios puedan llevar a sus hijos e hijas desplazándose a centros fuera de su entorno para evitar la diversidad y pluralidad de las escuelas públicas, la segregación está servida y consagrada. Pero, ciertamente, ésta es la ideología del PP: no mezclar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Lo tienen claro y no ven ninguna contradicción ni escándalo en establecer normas y legislaciones que así lo establezcan.

Es una ley no sólo sin financiación, sino que justifica ideológicamente los recortes realizados. Es una ley que combatirá el fracaso escolar “maquillando las estadísticas” y expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas. Es una ley que promueve un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Compendio de viejas recetas que no han dado los resultados supuestamente esperables en aquellos países en los que se han aplicado y que la comunidad científica internacional ha rechazado de plano. Lo peor de esta ley es que no construye la escuela del futuro, sino que restaura la mala educación del pasado.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU