El jueves 20 de diciembre todos y todas tenemos una cita para defender nuestros servicios públicos, esos que otorgan contenido real a nuestros teóricos derechos de ciudadanía. Sin sanidad y educación pública, servicios sociales, acceso a bienes culturales, etcétera, no podemos hablar de verdadera democracia. ¡No podemos permanecer impasibles mientras nos recortan todos nuestros derechos!
Aquí os transcribo una resolución del reciente XI Congreso de CC.OO. de Aragón, que me parece de gran interés:
Desde hace meses asistimos al cierre de servicios públicos. Algunos de ellos, especialmente cuando se trata de servicios sanitarios y educativos, ocupan las primeras páginas de los periódicos, pero otros muchos pasan casi desapercibidos y no por ello son menos importantes.
El cierre de la oficina de empleo del Arrabal en Zaragoza cuando la cifra de desempleados alcanza 4.900.000 trabajadores y trabajadoras en paro, el cierre de residencias juveniles como la Luis Buñuel de Teruel, residencias de mayores (la Turia de Teruel, el anunciado de la Residencia de Movera), cierre los sábados de la biblioteca pública de Dr. Cerrada y las municipales de los barrios rurales de Zaragoza, escuelas infantiles de muchos pueblos que no han abierto este año, el más que posible cierre un día a la semana de los centros deportivos municipales de Zaragoza… son sólo algunos ejemplos de una larga lista que afecta a miles de ciudadanos en todos los pueblos y ciudades aragonesas.
Pero no sólo se destruyen servicios de atención directa, muchos de los servicios públicos que se prestan, y que también están siendo mermados, son totalmente desconocidos pero no por ello menos importantes. Sólo tres ejemplos: la predicción del tiempo, tan necesaria no sólo para irnos de vacaciones sino para viajar por carretera o para la navegación aérea, es prestada por un servicio público. La calidad alimentaria, la del pan que diariamente nos comemos, es prestada por un servicio público. Que nuestros bares, hoteles, supermercados, o el agua que consumimos… mantengan condiciones sanitarias que eviten daños a nuestra salud depende de servicios públicos.
Y detrás de todos ellos hay, porque debe de haberlo, un grupo de personas anónimas, empleados y empleadas públicos, desconocidos, muchas veces vilipendiados y sobre los que se hacen chistes fáciles, que pagan las nóminas de quienes trabajan en esos servicios de atención directa, también los sanitarios y educativos, que se ocupan de contratar los materiales necesarios para la actividad diaria y para llevar a cabo las reformas de sus establecimientos, que tramitan los expedientes judiciales, que intervienen las cuentas para garantizar que nuestro dinero se gasta en lo que realmente se dice que se gasta, en definitiva que hacen funcionar la maquinaria de los servicios públicos. Ellos también sufren recortes sociales, salariales y de plantilla.
Centros públicos y actividades que son parte de nuestro estado de bienestar y que ayudan a reequilibrar la riqueza. Leer, hacer deporte, estudiar fuera de la localidad donde vives, tener una atención digna cuando eres mayor o una atención especializada cuando estás desempleado, acudir a la justicia para defender nuestros derechos… van a pasar a ser actividades de quienes tengan dinero para pagarlas. El riesgo de contraer enfermedades, la calidad de nuestras aguas y alimentos, la protección de nuestros espacios naturales, la investigación van, están, cayendo en picado.
La falta de dinero y la falta de personal son los más de las veces los argumentos esgrimidos por las Administraciones Públicas para proceder a su cierre. Porque es cierto, para que éstos servicios sean prestados en condiciones de igualdad, deben ser prestados por personal público con condiciones de trabajo dignas. Y las Administraciones Públicas han olvidado este precepto. Destruyen empleo público, con lo que destruyen los servicios públicos que se prestan, con lo que destruyen el estado de bienestar.
Y una vez destruidos los pasan a manos privadas, otorgan su gestión a unos pocos a cambio de altas sumas de dinero con el pretexto de que no funcionaban y así salen más baratos. Con ello el control público pasa manos privadas, con ello se restringe su acceso a toda la ciudadanía, con ello deja de garantizarse la igualdad y la imparcialidad, con ello se enriquece a unos pocos a cambio de… nada.
Por nuestro bien, para mantener el estado de bienestar, para reequilibrar la riqueza debemos mantener unos servicios públicos dignos y de calidad, prestados por trabajadores y trabajadoras públicos con condiciones dignas de empleo.
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