Esta estafa o robo organizado a lo que algunos denominan crisis tiene como una de sus consecuencias la ampliación de nuestro vocabulario con nuevas palabras que intentan describir esta nueva realidad. Una de las últimas en tomar protagonismo es la de escrache, que hace referencia a las manifestaciones a las puertas de los domicilios o empresas de los responsables de alguna de las facetas de la estafa que estamos viviendo para señalarles como cómplices o responsables de la misma. Políticos, banqueros, han sido objeto de esta nueva modalidad de protesta, lo que ha provocado una amplia controversia en torno a los límites de la movilización. ¿Es legítimo acudir a la puerta de un domicilio particular a mostrar la repulsa frente a la actuación de alguien? Mi opinión es que sí, por muy diversas razones.
DESDE QUIENES denuncian esta actitud se argumenta que hay que distinguir entre la vida pública y privada de las personas y que la crítica debe hacerse en el marco de la actividad pública de estas personas. En realidad, lo que se pretende desde esta argumentación es la desactivación de toda crítica, pues la ciudadanía carece de procedimientos para realizar una crítica directa de sus representantes políticos. Los políticos gestores de esta estafa social se hallan protegidos por el muro de contención de sus fuerzas de seguridad, a las que utilizan para evitar, precisamente, que la ciudadanía pueda acercárseles para expresar su malestar cuando están en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Por otro lado, esta concepción oficinesca de la acción política (podemos manifestarles nuestro malestar de 9 a 14 y de 16 a 20 de lunes a viernes, parecen decirnos), quiere establecer una barrera entre lo que hace el político en su responsabilidad pública y su condición de persona privada, como si los efectos de sus decisiones solo afectaran a la ciudadanía mientras los políticos están en su puesto de trabajo. Lo cierto es que sus decisiones nos afectan en todo momento y en todo lugar, pues las medidas que toman sobre nuestros trabajos, o sobre nuestros derechos sanitarios o educativos, tienen repercusión en todas las facetas de nuestra vida. Pretender establecer una barrera estricta entre la acción pública y la vida privada carece de sentido, pues esa barrera es permeable y la traspasamos constantemente. Lo que se busca desde la criminalización de la movilización es mantener la impunidad de quienes, desde la política, condicionan a diario nuestras vidas.
Porque esa es otra cuestión. Algunos sectores políticos, entendiendo por tales no solo responsables políticos, sino medios de comunicación, se escandalizan porque las protestas alcancen el ámbito de lo privado. Sin embargo, las medidas de los gestores de esta tremenda estafa invaden cotidianamente nuestro ámbito privado, condicionando nuestras vidas. Nos privan de nuestro dinero (caso de las preferentes o de las pagas extraordinarias) para dárselo, directa o indirectamente, a los responsables de la crisis, los bancos, condicionan nuestra salud (caso del profesorado) estableciendo medidas restrictivas en las bajas por enfermedad, o (caso de los usuarios de la sanidad pública) queriendo convertirla en un negocio que beneficie a sus allegados, ponen en riesgo la alimentación de niños y niñas disminuyendo las becas de comedor, condenan a la miseria a amplias capas de la población por aplicar una política económica atenta exclusivamente al beneficio de los poderosos. Podríamos seguir dando ejemplos de cómo los políticos neoliberales invaden, con su acción pública, nuestra vida privada. Rajoy y sus cómplices nos acompañan las 24 horas del día.
¿Límites del escrache? Como los de todas las movilizaciones. No parece aceptable que se llame asesino, en la puerta de su casa, en una manifestación, a quien no está a favor de la dación en pago. Porque no es, evidentemente, un asesino. Señalarle como cómplice de la monumental estafa que estamos viviendo es suficiente. Como tampoco es aceptable que la delegada del gobierno en Madrid, y los medios de la ultraderecha, comparen a Stop Desahucios con el terrorismo etarra. Ya sabemos de la bajeza moral de Cristina Cifuentes y de sus aledaños mediáticos, pero, aun así, sorprende el exceso.
En fin, que esta política del lloriqueo en la que se cobija el PP, con el apoyo de la inefable Rosa Díez, es de un extremo cinismo. Los que están arrasando las vidas privadas de millones de ciudadanos y ciudadanas reclaman respeto a su privacidad, los que utilizan armas de destrucción masiva (de la educación, de la sanidad, de las relaciones laborales, del pacto constitucional, de la democracia) se indignan porque la gente se revuelve. Han declarado una guerra, pero nos quieren sumisos. ¡Qué cara más dura!
Juan Manuel Aragüés Estragués es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza.
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