La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, acusándola de adoctrinar ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión en la escuela y la financiación de los centros católicos a través del régimen de conciertos, conservando las disposiciones adicional 2ª y 3ª de la LOE, que potenciaban la religión en la escuela pública y otorgaban relevancia profesional al papel de las personas designadas por los obispos católicos.
Es más, en clara concesión a la jerarquía católica, que viene reclamando la existencia de una alternativa evaluable a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de esas clases de adoctrinamiento, esta ley obliga a que todo el alumnado tenga que cursar Religión Católica o Valores Culturales y Sociales como alternativa evaluable, volviendo a la LOCE del Gobierno Aznar en 2002. Dado que la nota de estas asignaturas contará para repetir curso las familias volverán a elegir la religión católica, donde tienen buena nota asegurada, como nos dicen las estadísticas.
Se extiende el adoctrinamiento incluso hasta Bachillerato , pues entre las asignaturas específicas de las que se debe cursar un mínimo de 2, aparece la Religión, por encima incluso del nivel de la Lengua Cooficial y Literatura que queda como asignatura de “especialidad”. Es más, desaparece la asignatura de Ética Cívica de 4º de la ESO, es decir la única asignatura que en Secundaria servía para enseñar la reflexión ética sin moral religiosa. A cambio establece que “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas” en la ESO. Una “educación cívica” que, ya sabemos, incluirá temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor, la defensa de la propiedad intelectual, la alusión constante a la simbología del Estado Nacional, o cuestiones especialmente controvertidas, como la moralidad humana y el respeto a la vida ligadas a los postulados de la iglesia católica. La misma intencionalidad hace que desparezca la asignatura común para todas las modalidades de Bachillerato, Ciencias para el Mundo contemporáneo, ya que en ella parecen enfrentadas la opinión científica y la católica, tanto en la compresión del mundo como en la toma de algunas decisiones personales.
Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos, estableciendo que no es discriminatorio que los centros segreguen a su alumnado por esta razón, incumpliendo así la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Esto es una concesión a la presión de un sector de la iglesia católica más conservadora que separa al alumnado por sexos en función de sus prejuicios morales y religiosos que transmiten en la educación. Esta ley consagra que se financie con los impuestos de toda la ciudadanía este sistema de segregación anticonstitucional y contrario a los derechos humanos.
Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina en su Título II que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad. En este redactado subyace una clara intención de pasar por alto, invisibilizar u ocultar la presencia de todas las alumnas, las maestras, las profesoras, las directoras, las madres, las técnicas y todas las mujeres que se encuadran dentro de la comunidad escolar y que precisamente en este ámbito son mayoritarias.
Es una ley que también quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos para impartir docencia.
Por eso, en el contexto de este modelo, no sorprende ya que incluso se modifiquen los criterios para la admisión del alumnado, incluyendo el rendimiento académico –en centros de especialización curricular- con hasta un 20% de la puntuación. Los centros podrán, con esta modificación, seleccionar claramente a su alumnado. A esto hay que añadir aún que, con la “especialización” y la introducción de “aspectos específicos” para la definición del “carácter singular del centro”, podrán seleccionar todavía más al alumnado. Esto es otra concesión y cobertura legal a los sistemas de selección encubierta que venían haciendo desde la escuela concertada que ya podrá hacerlo explícitamente y sin tapujos. En poco tiempo los datos nos confirmarán que se habrá avanzado en la discriminación hacia el alumnado inmigrante y de minorías que si ahora sólo un 20% es admitido en estos centros concertados, estando el 80% restante en la pública, prácticamente desaparecerá con las herramientas que les facilita esta ley.
Si a esto le añadimos la zona única de escolarización que el PP está creando en todas las Comunidades Autónomas, donde se facilita que las familias con recursos y medios puedan llevar a sus hijos e hijas desplazándose a centros fuera de su entorno para evitar la diversidad y pluralidad de las escuelas públicas, la segregación está servida y consagrada. Pero, ciertamente, ésta es la ideología del PP: no mezclar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Lo tienen claro y no ven ninguna contradicción ni escándalo en establecer normas y legislaciones que así lo establezcan.
Es una ley no sólo sin financiación, sino que justifica ideológicamente los recortes realizados. Es una ley que combatirá el fracaso escolar “maquillando las estadísticas” y expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas. Es una ley que promueve un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Compendio de viejas recetas que no han dado los resultados supuestamente esperables en aquellos países en los que se han aplicado y que la comunidad científica internacional ha rechazado de plano. Lo peor de esta ley es que no construye la escuela del futuro, sino que restaura la mala educación del pasado.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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