La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado al menos en la educación obligatoria. Conseguirlo supondría alcanzar altas cotas de calidad y equidad en nuestro sistema educativo.
Los informes internacionales, como el reciente de la UNESCO, y los propios objetivos de Europa 2020 inciden en una prioridad básica para ello: invertir en educación. Pero las medidas que se están llevando a cabo, centradas exclusivamente en la reducción del déficit público, están determinando unas políticas restrictivas caracterizadas pura y simplemente por los recortes en el servicio público educativo. La disminución de las plantillas de los centros públicos y de los servicios educativos complementarios, el aumento de las horas lectivas del profesorado, el incremento del alumnado por clase, la supresión de Escuelas Rurales, la desaparición de programas de apoyo y refuerzo, de planes de convivencia, la subida del IVA al material escolar, la drástica disminución de las becas de comedor..., son recortes que afectan directamente a la calidad y a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y al restringir las posibilidades reales para articular planes y medidas eficaces. El proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) viene, por tanto, acompañado de una memoria económica real de -5.212 millones, que son los recortes que el PP ha hecho en educación desde su llegada, y otra memoria comprometida en recortar otros 15.000 millones hasta 2015. De tal forma que los compromisos del Gobierno de España con Bruselas recortarán hasta el 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE.
Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, ahondando en una reforma profundamente antipedagógica, mercantilista, regresiva, clasista, excluyente, segregadora y al margen de la comunidad educativa; una auténtica contrarreforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.
Esta es una ley sin base científica pedagógica porque los motivos que exhibe para proponer esta reforma no están basados en ningún tipo de investigación científica ni análisis y diagnóstico del sistema actual y sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas. De hecho, en el primer redactado del anteproyecto aparecían datos sin fecha, referencias incompletas y muchas veces equivocadas, cuadros que no indicaban su fuente… En el último redactado simplemente se tergiversan resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen. Realizando además un diagnóstico parcial e interesado del actual sistema educativo, limitándose a agrupar los datos más negativos, sin realizar una mínima aproximación a las causas reales que provocan estas deficiencias, con afirmaciones obsoletas comúnmente ya superadas entre los profesionales y expertos del mundo educativo. Aunque el Ministro afirme que “la reforma de la LOMCE se apoya en evidencias y recoge las mejores prácticas comparadas”, lo que propone realmente es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos en el campo de la educación.
Esta es una ley impuesta sin debate ni consenso. Esta ley se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. Todo el debate anunciado se ha reducido a una consulta on line mínima y trucada. Lo que el ministro Wert entiende por ‘debate’ consiste en a facilitar una dirección de correo electrónico a la que enviar sugerencias o críticas, sin confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Y ha sido el propio Ministerio quien ha decidido cuáles son consideradas y cuáles no, sin hacer públicas siquiera las que ha recibido. Se rompe así toda posibilidad de debatir pública y abiertamente sobre los problemas concretos y deficiencias de nuestro sistema educativo, algo que concierne a toda la ciudadanía y que requiere, además, contar con las voces y aportaciones de la propia comunidad educativa y de expertos y expertas para poder tomar las medidas adecuadas a corto y medio plazo.
Esta es una Ley que aunque hace declaraciones en la exposición de motivos, omite claramente aspectos cruciales en su articulado como la equidad, la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, la atención personalizada del alumnado, la rebaja de ratios o de horas lectivas del profesorado, elementos que influyen poderosamente en las actuales tasas de abandono y fracaso escolar, como demuestran todos los estudios e investigaciones internacionales, así como los propios informes de la UNESCO y la OCDE. Los sistemas escolares más exitosos para todo el alumnado, como el finlandés, son sistemas que apoya claramente la enseñanza pública, el aprendizaje personalizado, la comida gratuita al alumnado, los servicios de salud, el apoyo psicológico, la orientación y tutorización del alumnado, etc, prácticas que son, curiosamente, parte de las recomendaciones incluso del Informe McKynsey.
Esta ley elude las recomendaciones de la propia Unión Europea sobre la necesidad de priorizar las inversiones educativas, sobre el incremento del gasto público en educación y su equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea. La calidad educativa y la mejora de la enseñanza están ligadas a la inversión educativa, los recursos humanos y materiales, las ratios profesor/aula, la formación del profesorado, la atención a la diversidad o los servicios educativos complementarios, es decir, el “input”, que aparece en todo estudio internacional como sinónimo de calidad. Cualquier reforma educativa debe formalizar una Memoria Económica consensuada con el objetivo de que la inversión en la educación sea la media del PIB de la UE15 si quiere realmente conseguir los objetivos de erradicar las altas tasas de fracaso y abandono escolar, mejorando la calidad de nuestro sistema educativo. Pero para ello sería necesario la supresión del Real Decreto-ley 14/2012, el decreto de los recortes en educación, en vez de justificarlo con este Proyecto de Ley LOMCE que supone avanzar justamente en lo contrario de lo que proclama en su preámbulo, quebrando la equidad, la cohesión social y generando una estructura educativa que potencia las desigualdades personales y de origen social o económico.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU.
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